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Cárceles en Chile: Tortura y represión tras las rejas

Cárceles en Chile: Tortura y represión tras las rejas

El 23 de febrero se hizo pública la condena de 61 días de presidio que deberán cumplir tres gendarmes, producto de la brutal golpiza que le propinaron a un recluso en el Penal Llancahue; hecho que vuelve a poner en la retina la salvaje cotidianeidad que deben vivir miles de presos en Chile, las torturas recibidas por gendarmes, la humillación y el hacinamiento. Una feroz realidad que nos hace recordar la tragedia carcelaria más brutal de la historia, el incendio en la cárcel de San Miguel.

Por Ángela Gallardo Suárez


Hace tan sólo dos días que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a tres gendarmes, quienes en octubre de 2012 golpearon al reo Jonathan Alejandro Ramos Ramos, recluido en el penal Llancahue. Los funcionarios fueron condenados a 61 días de presidio, bajo el delito de ‘apremios ilegítimos al prisionero’. Esta situación hace recordar las reiteradas denuncias que han hecho presos, respecto a las golpizas, torturas y humillaciones generadas por gendarmes, quienes con total impunidad los maltratan diariamente. También vuelve a poner en tapete el masivo incendio que le quitó la vida a más de 80 personas, en la cárcel de San Miguel, la falta de ayuda por parte de gendarmes, la negligencia y el abuso.

Los gendarmes Patricio Marambio Henríquez, Lizardo Garrido López y Gerson Améstica Santibáñez, quienes bajo la justificación de estar realizando un registro y allanamiento en el interior del módulo 87 del complejo penitenciario, violentaron al recluso; terminaron siendo favorecidos por el Tribunal, ya que este concedió el beneficio de la ‘remisión condicional de la pena’, lo que derivará en que los condenados se encontrarán sometidos a ‘observación’ por el plazo de un año. La justicia chilena vuelve nuevamente a avalar y defender a las ‘fuerzas del orden’, en este caso a Gendarmería. Pero, ¿qué sucede tras las rejas?

En noviembre del año pasado, los tribunales de justicia condenaron a cumplir penas remitidas que irían desde los tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y 61 días de presidio menor en su grado mínimo; a los gendarmes Nelson Pinto Pinto, Rodrigo Aravena Muñoz y Juan Tapia Morales, acusados de tortura con resultado de muerte en la cárcel de Puente Alto, Santiago. La denuncia fue establecida en agosto de 2014 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), bajo la razón de ‘apremios ilegítimos’, lo que está tipificado en el Artículo 150 A del Código Penal.

El sector querellante denunció ‘hechos de tortura protagonizados por los agentes del Estado’, de los cuales fueron víctimas cinco reos que en el año 2011 estaban en el Penal de Puente Alto. Uno de ellos no logró sobrevivir a las torturas y maltrato de los gendarmes. Respecto a este caso, la Directora del INDH, Lorena Fries aseveró que “el sol no se puede tapar con un dedo, la tortura existe en Chile por parte de funcionarios públicos. Lentamente debemos llegar a una situación en que las instituciones reconozcan que existe la práctica de la tortura, aunque está prohibida en las normas”. Hasta el 2014 el organismo de derechos humanos, había presentado más de 12 querellas por tortura y 15 recursos de amparo por malos tratos contra Gendarmería.

El 3 de agosto de 2013, las cámaras de seguridad al interior de la Cárcel de Rancagua registraron cómo gendarmes golpean duramente a reclusos, quienes no oponen ninguna resistencia, encontrándose desarmados. Las crudas imágenes recién fueron reveladas públicamente en agosto de 2014, y muestran cómo los funcionarios públicos golpean a los reos, supuestamente porque dos de estos intentaron fugarse. Una vez que los reos se asoman de sus celdas, son llevados al patio, donde son agredidos con patadas, golpes de puño y otros elementos que suelen utilizar gendarmes para maltratar.

La denuncia fue interpuesta por la Defensoría Penal Pública, la que alegó fuertes irregularidades y tratos indiscriminados, acusando también a la Fiscalía por no hacerse cargo de la denuncia. Alberto Ortega, defensor regional de Rancagua, manifestó en agosto pasado que “hemos sabido que no se ha movido una hoja en la investigación realizada por el Ministerio Público respecto de estos hechos. Todo ello ha motivado que la Defensoría haya solicitado la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que mediante una querella pueda al menos tratar de agilizar la actuación del Ministerio Público”.

Ante la denuncia realizada en cuanto a la responsabilidad del gobierno frente a estas prácticas violentas y comunes en las cárceles, el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, tuvo que salir a posicionar al gobierno en contra de las reiteradas torturas: “Lo primero es decir con toda la fuerza del mundo que no vamos a aceptar hechos de esta naturaleza. Hemos reforzado todo lo que significa el tratamiento en materia de derechos humanos, hemos creado departamentos, tenemos escuelas que están dedicadas a eso”, asegurando que los acusados serán ‘sumariados’. Por otra parte, la Asociación de Funcionarios Penitenciarios defendió a los involucrados, señalando que el hecho fue ‘totalmente aislado’.

Tan sólo tres meses antes de la publicación del video de la cárcel de Rancagua, en el Complejo Penitenciario Alto Bonito, ubicado en Puerto Montt, 300 reos declararon una huelga de hambre, denunciando ‘tortura física y sicológica’ por parte de Gendarmería. A través de un comunicado público, los presos se declararon en contra del fallo judicial que dejó libres a los gendarmes responsables de la cárcel de San Miguel, acusando además que en su establecimiento han sido reiteradamente torturados y abusados por gendarmes. Cabe mencionar que en diciembre de 2013, un gendarme del mismo recinto penitenciario fue condenado a 541 días de pena remitida por torturar a un recluso.

El incendio (que perfectamente podría haber sido evitado) ocurrido en diciembre de 2010 en la cárcel de San Miguel, que les quitó la vida a 81 personas, destapó la terrible brutalidad diaria que deben soportar miles de presos a lo largo de Chile. No sólo reveló las pésimas condiciones de vida, el hacinamiento, la precaria infraestructura de las cárceles; sino que también, hizo público el abuso de Gendarmería, la responsabilidad explícita que tuvieron en el incendio, la falta de ayuda, el desprecio por la vida de los reos.

Pero, también, mostró la responsabilidad del Estado y los gobiernos de turno, que permiten esta impunidad manchada con sangre, que avalan el abuso policial, en las cárceles, en las protestas y en las calles. Todo Chile vio por televisión e internet cómo los presos de San Miguel pidieron ayuda por largo tiempo a los gendarmes, vecinos escucharon los gritos de auxilio y socorro, sin embargo, nadie los ayudó porque al parecer sus vidas no tenían valor alguno. Hoy, a más de cuatro años de la tragedia, no existen responsables condenados, y los abusos y torturas en las cárceles siguen siendo parte de la vida de quienes fueron privados de su libertad. Gendarmería sigue impune.


Fuente: La Izquierda Diario.

 

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